Política Criminal: Objeto de Estudio, Disciplina y Finalidades

 ¿Qué se entiende por Política Criminal?

La conceptualización de este ámbito puede abordarse desde dos grandes esferas: como disciplina y como sector dentro de la propia política. Desde el primer enfoque, se define como un conjunto de metodologías, argumentos y criterios dirigidos al estudio del fenómeno criminal y su prevención. No puede reducirse a una mera dogmática que explique causas, consecuencias o medidas a tomar, pues también debe considerar la realidad social y el contexto dinámico de la humanidad en su constante evolución.

En su segunda esfera, la política criminal se vincula estrechamente con el Derecho Penal y los principios sistematizados por los poderes jurídico, ejecutivo y legislativo. Si bien no puede considerarse una ciencia, debido a su carácter empírico, su dependencia del contexto social, además de que se fundamenta también en una ideología, sí requiere integrar los supuestos fundamentales para abordar el fenómeno criminal. Este enfoque debe garantizar la protección de los derechos de todas las personas involucradas, incluyendo a quienes han cometido delitos, lo que le otorga un papel limitante en la aplicación del poder punitivo y un sentido del mismo, más allá del simple castigo.

A modo ilustrativo, se recomienda la visualización del siguiente video con el fin de abordar en mayor medida el concepto de la Política Criminal:

Objeto de estudio

Tomando en consideración el último hecho mencionado, se puede esquematizar una serie de factores que son el objeto de estudio de la Política Criminal. Si bien es cierto, la criminalidad es su sector principal, además de su propia razón de existencia, el abordaje se constituye en un sistema mucho más amplio.

• Criminalidad: se basa, en primera instancia, en los conocimientos empíricos de disciplinas tales como la criminología. Poniendo en manifiesto las causas, manifestaciones y consecuencias. De esta manera, da paso a estrategias para prevenir y mantener un control eficiente que, a diferencia de su contraparte criminológica, ostenta la necesidad de considerar las políticas públicas y las reformas legislativas.
• Justicia penal: como se ha mencionado, limita el alcance de las sanciones y el poder punitivo del Estado, buscando una verdadera significancia y proporcionalidad en cuanto a los derechos humanos. Lo anterior se ejemplifica mediante un sencillo ejemplo: “Nada ganamos encarcelando al hombre que mató a nuestro padre, a quien la sanción no va a resucitar.” (Aparicio, s.f.). En este sentido, se evidencia una necesidad de retribución y reparación, vinculando también la reinserción en función de la construcción de una sociedad más justa.

Disciplina de la Política Criminal

Otra característica importante de la Política Criminal radica en su enfoque multidisciplinario. El estudio de la criminalidad exige de ciencias tales como la criminología y el derecho penal, donde ya se ha hecho mención de su valor y puesta en práctica respecto a la relación que guarda entre el delito y la norma. Asimismo, ambas partes mantienen una relación de apoyo mutuo y complementario.

Sin embargo, en su propia concepción hace especial énfasis en no radicar como una ciencia debido a su perspectiva ideológica y sociológica. A razón de ello, se nutre de otros conocimientos provenientes de enfoque de la sociología y la psicología. Valerse de una fundamentación teórica no es suficiente para la Política Criminal, ella debe de ser funcional y utilitaria, dependiendo así, de la realidad y el momento histórico en el que se encuentre.

En otras palabras, su implementación deberá moverse con la propia historia, con el mundo del momento. No es la misma sociedad la del siglo XIX que la de la actualidad. En dicha línea temporal, el jurista y criminólogo alemán Paul Anselm von Feuerbach, empleó el término, entendido como un mecanismo para aplicar sanciones, limitado en la dogmática y un sistema de estrategias que se valieran del derecho penal. Su planteamiento venía de la mano con la imposición del miedo y el castigo, señalando en la política un instrumento reactivo y anticipatorio, pero que no abordaba ni una pequeña parte del enfoque holístico y todos los factores que hoy en día se estudian (un sentido pluralista también).

Finalidades

Finalidad General

En consiguiente, la Política Criminal posee la finalidad general del combate contra el delito de manera íntegra entre sus causas subyacentes y los medios que resulten más efectivos para la prevención y erradicación del crimen, velando por una próxima disminución de sus consecuencias en beneficio del sentido de seguridad de manera real para los integrantes de la sociedad.

En función del cumplimiento de su finalidad, se ramifican dos funcionalidades, como crítica, donde las causas que llevaron al delito serán analizadas y legislativa, donde las reformas se adaptarán al estilo de los requisitos legales, siempre y cuando, se interponga esa barrera que ofrece la disciplina respecto a los derechos de las personas, incluyendo al propio reo y la justicia. De esta forma, su papel va dirigido hacia el asentamiento de bases tanto para los tres poderes representativos del Estado y a los propios sujetos:

• Legisladores: Son los encargados de dictar las leyes. En este contexto, se habla de la Política Criminal legislativa, que se encarga de crear y reformar el Código Penal y las leyes procesales.
• Jueces: Son los encargados de aplicar las leyes. Aquí entra en juego la Política Criminal judicial, que se ocupa de la correcta aplicación de la ley en los tribunales.
• Administración ejecutiva: Es responsable de la implementación de las sanciones, gestionando las medidas de seguridad y las penas. Este es el ámbito de la Política Criminal ejecutiva, que se enfoca en la ejecución de las sanciones impuestas, abarcando diversas facetas del ius puniendi (derecho del Estado a castigar).

Finalidad Específica

Con respecto a la finalidad específica de la Política Criminal, se pueden abarcar una serie de ramificaciones de su objetivo principal, desencadenado por la amplitud del fenómeno en sí mismo. Algunas de ellas son:

• Obtención y realización de criterios directivos para las normas penales.
• Estrategias integrales que involucren una serie de factores éticos, sociales, económicos y políticos.
• Sistematización de principios y métodos, concretamente, para uso del Estado en el enfrentamiento del fenómeno criminal.
• Conectar ámbitos políticos, judiciales, criminológicos y los marcos sociales dentro de diferentes contextos como los culturales y políticos. Dando paso a metodologías que se fundamenten en el dinamismo, la adaptabilidad y la constante evolución de la realidad humana y su variabilidad constante.
• Determinar la penalidad en función de la necesidad real y un fin funcional. Basándose en una serie de principios tales como la legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, igualdad, no retroactividad e individualidad en cuanto a la sanción impuesta.
• La estructura y la base no puede dejar por fuera las implicaciones económicas, sociales y políticas que conllevan la lucha del crimen, dependientes de un sentido contextual propios del país, sistema política y demás circunstancias.
• La Política Criminal no solo castiga, su fin también va de la mano con la preservación de la dignidad humana, los derechos, la libertad y la justicia. Corresponde a una herramienta transformacional.

De igual forma, una manera práctica de comprender los alcances de la Política Criminal en Costa Rica es analizarla con un ejemplo, en este caso, una noticia que abarca el incremento del crimen organizado y el sicariato en la nación. Contextualizando, el fenómeno ha puesto de manifiesto la ineficacia y escasez que presenta el país en materia de estrategias de combate contra la criminalidad organizada:

El Sicariato y el Crimen Organizado en Costa Rica

La tasa de homicidios vinculados a este tipo de delincuencia evidencia la saturación del sistema judicial, la falta de medidas preventivas, la inequívoca percepción de impunidad, además de la tenencia de un sistema penal, que, al contrario de una idea de reinserción o castigo real, se convierte en recintos que han permitido que la operabilidad de este tipo de delincuentes se siga dando con relativa facilidad. Los esfuerzos por endurecer la prisión preventiva son insuficientes, además de existir vacíos legales que favorecen al arresto domiciliario y el monitoreo electrónico, dando sanciones desproporcionales y ambigüedad respecto a la aplicación de las medidas cautelares. De igual forma, la seguridad y la confianza que se deposita en el sistema judicial por parte de los costarricenses llega a ser casi nula debido a estas razones.

Conclusión

Tanto al momento de la teoría como de la práctica, el objetivo y razón de ser de la Política Criminal ha evolucionado y sigue en un constante cambio debido a sus raíces sociales, políticas, ideológicas, económicas, entre otros factores. Sin embargo, posee su centralización en ser una promotora de la prevención y el control de la criminalidad, además de imponerse como una justicia garantizadora de proporcionalidad, igualdad, así como también rehabilitadora.

Depende y apoya a diversas disciplinas, valiéndose de sus enfoques y adaptándolos a su propio comprendimiento crítico. Se sujeta a procesos judiciales, legislativos y ejecutivos, reformando también, en dichos campos del Estado, sin perder sus puntos fundamentales de la equidad, respeto de los derechos humanos, así como la creación de un verdadero sentido de seguridad y protección. Este instrumento va más allá del acto punitivo y busca una sociedad equitativa, adaptada a la variabilidad social que nunca dejará de transformarse en todas sus áreas.

Bibliografía

Aparicio, J. E. (s.f.). ¿Qué es una Política Criminal? 

COLMESI. (22 de septiembre de 2021). Política Criminal. Obtenido de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UhBvwJok1bU&t=1s

Zamora, E. M. (17 de abril de 2024). Toma de decisiones de política criminal frente al sicariato y crimen organizado en Costa Rica. Obtenido de Delfino: https://delfino.cr/2024/04/toma-de-decisiones-de-politica-criminal-frente-al-sicariato-y-crimen-organizado-en-costa-rica